A continuación algunas de las disposiciones del artículo 9.
1- Exigir donaciones por cualquier razón.
2- Exigir contratos de trabajo.
3- Exigir trabajar a aquellos dentro del territorio.
4- No pagar una deuda de forma parcial o total.
5- Exigir el abandono de un local por la fuerza.
6- Exigir compensaciones por daños y prejuicios.
Si algún miembro de una organización designada incurre en una de las exigencias marcadas por el artículo 9, la víctima podrá dirigirse a las autoridades y la Comisión Nacional de Seguridad Pública tendrá la capacidad de emitir una orden judicial en contra de la pertinente banda mafiosa. Si la Comisión sospecha que esta puede volver transgredir el artículo 9 podrá emitir un mandato de prohibición expresa. El incumplimiento del mandato podría tener consecuencias tales como condenas de un año de cárcel, multas de 1.000.000 millón de yenes, o la combinación de ambas.
La Ley Bôtaihô sufrió varias revisiones durante los siguientes años, donde se endureció, se hizo más estricta y consiguió reducir la fuerza de la Yakuza entre el período de 1989-2000. Disminuyó sobremanera el número de yakuza kôsei-in (bandas enteras de yakuza), se reestructuraron los grupos para intentar evadir las disposiciones marcadas por la ley, muchos miembros se jubilaron y muchos otros continuaron sus “negocios” de antes bajo la apariencia de organizaciones políticas. La Yakuza, a partir de este momento, tuvo que buscar nuevas formas de organización que le permitieran seguir ejerciendo el control en sus negocios de antes, pero siempre vigilando no saltarse las disposiciones de la Ley Bôtaihô.
Y hasta aquí los artículos dedicados a la mafia japonesa: la Yakuza.
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